Principio de proporcionalidad

Tiene una triple dimensión: un juicio de idoneidad de la limitación (para la consecución del objetivo propuesto), un juicio de necesidad de la misma (entendido como inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución del mismo fin) y un juicio de proporcionalidad en sentido estricto de dicha limitación (por derivarse de ella un beneficio para el interés público que justifica un cierto sacrificio del ejercicio del derecho).

Así como el primer principio, el de legalidad, está más dirigido hacia los legisladores, el de proporcionalidad deberá ser valorado y respetado por los aplicadores de la norma, lo cual alcanza no solo a los órganos encargados de la tramitación de los expedientes sancionadores sino también a las autoridades y agentes de la autoridad que deban, en aplicación de la ley, adoptar medidas restrictivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ello se explicita en la propia ley, cuyo artículo 4 dispone que “el ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional”.

Sigue diciendo el legislador en la Exposición de Motivos que el objetivo de la ley es intentar hacer compatibles los derechos y libertades de los ciudadanos con la injerencia estrictamente indispensable en los mismos para garantizar su seguridad, sin la cual su disfrute no sería ni real ni efectivo.

Como veremos conforme se vayan estudiando las diferentes disposiciones, la compatibilización de estos objetivos hará, en la práctica, que resulten sumamente difícil determinar si un comportamiento está sancionado por la norma y, en consecuencia, prohibido, o, por el contrario, dicha actuación, en cuanto realizada conforme a un ejercicio legítimo de un derecho fundamental, singularmente los derechos de reunión y las libertades de expresión e información, está permitida y, por lo tanto, no puede ser sancionada ni impedida por los poderes públicos.

Será caso por caso cuando, por la vía de los correspondientes recursos, los órganos jurisdiccionales y, en última instancia, el máximo intérprete de la Constitución y último garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional, determinen qué comportamientos son lícitos y cuáles no, lo que, por otro lado, no es la situación deseable, pues las normas, sobre todo las sancionadores, deben ser claras y de aplicación sencilla y no generar inseguridad jurídica, proscrita por el artículo 9 de la Constitución.

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